El informe que se dio a conocer el ocho de
noviembre es, sustancialmente, un
análisis de las políticas de evaluación educativa que siguió la administración federal que en estos días
concluye y de acuerdo con las notas periodísticas, enumera 44 retos y 44
recomendaciones. Las declaraciones que se recogen en esta nota destacan
algunas de las que son orientadas
a la profesión docente; entre ellas, considerar la posibilidad de remover a los maestros que muestren un “bajo
desempeño” en las evaluaciones, luego de haber tenido la oportunidad de
“mejorar sus prácticas a través de un plan de desarrollo profesional
obligatorio.
Esta propuesta no es nueva; en realidad forma
parte de la octava recomendación del documento con el que se hizo público,
en 2010, el Acuerdo de Cooperación de nuestro país con este organismo. En este
punto del Acuerdo, se sugiere la urgencia para México de crear un sistema de
evaluación docente basado en estándares que, después de haberse implementado y socializado sus reglas “…puede incluir variables
formativas y sumativas; por ejemplo, recompensar a los docentes excelentes o
dar apoyo a los docentes de menor desempeño. Los docentes que presenten un bajo desempeño de forma permanente deben
ser excluidos del sistema educativo” [1]
Este componente de la recomendación ha sido uno de los
más difundidos entre el magisterio y las diversas expresiones sindicales en que
se organiza; es necesario sin embargo, analizar el conjunto de indicaciones
–que no recomendaciones, si nos atenemos a su estricta traducción a políticas
públicas- que la OCDE hizo para la profesión docente en México. Un análisis
puntual resulta necesario para los derroteros que la carrera docente tomará en
los próximos años, dadas las señales de continuidad que ya se anuncian en las
políticas educativas.
Un primer elemento que destaco es el hecho que en el
informe “Evaluación educativa y Evaluación en México…” y sus consecuentes
recomendaciones, se recuperan de
manera íntegra las ocho primeras del Acuerdo de Cooperación. En su conjunto se
refieren a la carrera docente, desde el ingreso a la formación inicial y la
posterior incorporación, promoción y desarrollo profesional de los docentes de educación básica al
sistema educativo.
El segundo punto que subrayo es que en todo el
conjunto de recomendaciones, predomina la evaluación como estrategia casi
exclusiva para definir quienes son los “mejores” para ingresar a las Normales y
al servicio docente y diferenciar los
“buenos” maestros de quienes no lo son. Así, la primera recomendación invita a
“definir la enseñanza eficaz” a través de la definición de estándares; la
segunda y tercera, aluden al ingreso a las escuelas Normales y al
fortalecimiento de la formación inicial en donde “El primer paso debe ser
establecer un sistema de estándares rigurosos para acreditar a todas las
Normales y demás instituciones de formación inicial”.[2]
La cuarta a sexta recomendaciones se refieren al
ingreso de los docentes al sistema educativo con propuestas que van desde el examen de
ingreso al servicio, hasta el periodo de inducción y prueba por el que tendría
que pasar todo docente novel. La séptima recomendación guarda un estrecho
vínculo con la última, en que se establece la necesidad de que México cuente
con un sistema de evaluación docente “basado en estándares”, en reiteración de
la primera.
El último punto que planteo es un conjunto de
reflexiones iniciales en torno a estas propuestas que han devenido en recientes
políticas públicas, cuya continuidad y profundidad se anuncian inminentes. Es indudable que el sistema educativo
mexicano requiere revisar las políticas orientadas a la profesión docente para
mejorar la situación actual de la educación básica de nuestro país, además que
las tendencias internacionales muestran la importancia que se confiere al papel
de los maestros en la búsqueda de la calidad.
Sin embargo, la propuesta de mejorar cualquier
situación educativa considerando como criterio exclusivo la evaluación de los
actores, ha mostrado claramente su poca pertinencia. Los actores: alumnos,
maestros y directivos, no desarrollan su trabajo ni se apropian de saberes en
soledad ni aislamiento; son y comparten estructuras y significados instituidos
que hasta ahora son intocados por las políticas recientes.
De esta forma, en las políticas derivas de estas
“recomendaciones”, no hemos visto
cambios reales entre la relación y el poder del Sindicato en la vida educativa.
Tampoco se aprecian signos de superar las prácticas de simulación que han derivado del supuesto “concurso
de plazas”, por ejemplo; ausente está también la revisión de las reglas sindicales que tanto pesan en la vida cotidiana de
los centros educativos, entre éstas, destaco los cambios de ubicación continuos de maestros, que
en las zonas escolares es práctica común.
La formación inicial y continua de maestros requerirá
un análisis posterior, aunque de esta última en años recientes hemos apreciado
el desmantelamiento de estructuras institucionales para ofrecer procesos de
calidad que transciendan las clásicas prácticas de “cascada” y la
centralización de esta tarea en los Asesores Técnico Pedagógicos.
Desde otros ángulos, es necesario recuperar en la
reflexión sobre la profesión docente su conformación histórica en México y en
el nivel local. ¿Quiénes son los maestros? ¿Qué trayectorias educativas y de
vida tienen? Pendiente también está la discusión de qué se entiende por un
“buen docente”, en un sistema tan
diverso, ante las intenciones de estandarizar un trabajo tan complejo como es
la enseñanza.
Estas reflexiones, tan ausentes de las políticas
recientes son fundamentales para definir los apoyos necesarios al trabajo
docente y en el análisis de las estructuras institucionales, que son muchas y
muy costosas para el país, que tienen la tarea de brindar esos apoyos.
